Caza de Brujas a Recarey y allanamientos ilegales en Paysandú

Caza de Brujas a Recarey y allanamientos ilegales en Paysandú
Caza de Brujas a Recarey y allanamientos ilegales en Paysandú (Foto: El País)

En esta semana dos noticias preocupantes salieron a luz. Por un lado se concretó la «esperada» Caza de Brujas a Recarey y por otro lado se llevó a cabo un brutal allanamiento ilegal en Paysandú con agentes encapuchados que avasallaron derechos de ciudadanos uruguayos

La Caza de Brujas a Recarey es un verdadero harakiri de la Justicia uruguaya. La Suprema Corte decidió asumir el rol de vasallaje de los partidos políticos y principalmente de los intereses específicos de este gobierno que, a modo de vendetta, no pretende dejar pasar por alto la «osadía» de un juez que solamente intentó que se cumpla con la ley de información por parte del MSP. En ese contexto, y como aspecto totalmente vinculante, se realizó en la jornada de ayer, 10 de agosto, un allanamiento ilegal en Paysandú donde agentes encapuchados secuestraron celulares de integrantes del Grupo Albor, grupo que se opone a la vacunación contra el covid y que había redactado una carta en apoyo al juez Recarey.

La Caza de Brujas a Recarey

A fines del año 1610 se llevó a cabo en Logroño el auto de fe inquisitorial contra las brujas de Zugarramurdi, donde más de cincuenta personas fueron procesadas y once sentenciadas a morir en la hoguera. Allí podríamos decir que se inició el sangriento período de Caza de Brujas, donde mujeres que se apartaban del pensamiento hegemónico «eran desnudadas y afeitadas por completo (se decía que el Demonio se escondía entre sus cabellos), eran pinchadas con agujas largas en todo el cuerpo -incluidas sus vaginas- en busca de una marca del Diablo, eran frecuentemente violadas para investigar su virginidad, y también se arrancaban sus miembros y se quebraban sus huesos». La persecución fue intransigente en todo el Renacimiento europeo y también, por supuesto, alcanzó el continente americano, siendo el caso de las Brujas de Salem el más notorio.

Pero el término Caza de Brujas también fue utilizado para hechos acontecidos en la década del 50 en Estados Unidos, donde diferentes personalidades y periodistas disidentes fueron acusados de ser espías de la URSS en el marco de la Guerra Fría. Esta persecución y atropello a las libertades individuales fue impulsada por el senador republicano McCarthy, quien obligó, por ejemplo, a que Charles Chaplin tuviera que irse de Estados Unidos por ser considerado comunista. Las listas negras de posibles infiltrados soviéticos se multiplicaron dentro del FBI y todo el mundo se volvió una amenaza potencial que debía silenciarse o incluso eliminarse.

Este concepto de silenciamiento o eliminación de quien disiente con el modelo predominante (lo que en psicología muchos llaman «pensamiento monarca»), lo estamos distinguiendo cada vez con mayor evidencia en quienes tienen una mirada discordante respecto a la pandemia del covid y sobre la campaña de vacunación.

Hace más de un año tres personas que discreparon con las medidas sanitarias fueron detenidas y encerradas en Maldonado por participar en un acto en una plaza pública tras cantar el himno nacional.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de iniciar una investigación contra el juez Recarey por suspender provisoriamente la vacunación a menores y exigirle al gobierno que brinde toda la información sobre las vacunas y que el MSP investigue sus componentes como indica la ley, es una clara señal de silenciamiento en un Estado de Derecho.

La Suprema Corte en lugar de proteger la Justicia decide dar un paso de sometimiento al poder político y aceptar la presión del gobierno y de la prensa para investigar al juez Recarey por su resolución. Estamos ante un verdadero harakiri. La Suprema Corte está siendo, por lo menos, permeable a los intereses del poder político antes las amenazas recibidas, como por ejemplo la de la senadora Bianchi que recordó con claridad en una entrevista que es el parlamento quien otorga las venias para el ascenso de los magistrados y fue clara al enunciar que en el caso de Recarey no habría que darla. ¿Ante ese tipo de declaraciones de una senadora del partido de gobierno, qué garantías tienen los jueces para obrar con independencia?

Ninguna.

Y ante esa amenaza de legisladores, también se sumó el diputado por el Partido Colorado Schipani, la Suprema Corte de Justicia no se comporta con independencia republicana sino que decide bajar la cabeza y aceptar la complicidad del silencio.

No vimos, por ejemplo, que se actuara de la misma manera con la jueza Beatriz Larrieu, quien determinó que Mutio saliera de la cárcel y cumpliera prisión domiciliaria luego de exportar casi seis toneladas de droga en el año 2019.

¿El gobierno salió a cuestionar la resolución públicamente? En esa oportunidad, ¿la senadora Bianchi mencionó las venias para el ascenso de los magistrados? ¿Schipani dio entrevistas pidiendo a la Suprema Corte que investigue?

Es curioso que en una materia como el narcotráfico las voces del gobierno no exijan las mismas respuestas como con quienes tienen una mirada contraria a la vacunación. La Justicia fue ametrallada por el sistema político y por la prensa en general para que tome medidas contra el juez Recarey, pero no sucede lo mismo cuando se trata de venta de drogas.

El juez Recarey exigió al gobierno que cumpliera con la ley de información y le exigió al MSP que investigara los contenidos de las vacunas. Por eso se alzaron voces políticas y periodísticas que impulsaron una verdadera Caza de Brujas a Recarey. Obviamente que el juez introdujo una daga jurídica que afectaba los intereses del gobierno y exponía su posición de no informar apropiadamente a la población sobre los efectos adversos de las vacunas. Por ese motivo se entienden las protestas desmedidas del gobierno y de la prensa en general que recibe financiamiento público.

Pero otra cosa es la medida de la Suprema Corte de Justicia de dañarse a sí misma. La Superma Corte en lugar de dejar bien clara su independencia respecto al poder político, opta por someterse a las presiones y dejar en evidencia la verdadera preocupación futura: ¿la Justicia está dispuesta a defender la ley y por lo tanto la verdadera soberanía o a defender los intereses del gobierno de turno de acuerdo a las olas de la opinión pública?

La Caza de Brujas a Recarey no es solamente un ataque directo al juez, genera un daño irreparable al sistema republicano que comienza a operar en base a dos poderes y no a tres, lesiona la esencia misma de la democracia donde los ciudadanos quedamos expuestos a los caprichos de quien gobierna y atenta, ineludiblemente, al principio medular del pensamiento artiguista: la soberanía particular de los pueblos. Es allí donde se produce el mayor daño y la Suprema Corte de Justicia decide ser cómplice para bastardearse a sí misma, quedando huérfana de su propia naturaleza y propósito.

La investigación a Recarey no tiene como fin último determinar errores, sino aleccionar a otros jueces a mantenerse afines a los intereses del sistema político, en un claro desprecio y abandono a la igualdad de derechos y de la Constitución.

Allanamientos ilegales en Paysandú

En la misma semana que se instala formalmente la Caza de Brujas a Recarey se lleva a cabo un allanamiento ilegal en Paysandú.

Agentes encapuchados que en un principio no mostraron ningún interés en identificarse, secuestraron celulares de integrantes del Grupo Albor en la capital sanducera tras una orden establecida por el fiscal Diego Pérez.

El Grupo Albor se opone a la vacunación contra el covid y había redactado una carta en apoyo del juez Recarey. El contenido de la misma fue considerado como una amenaza a las tres juezas que integraron el Tribunal de Apelaciones y revocaron el fallo de Recarey. Sin embargo en ningún tramo de la carta se puede distinguir una frase amenazante.

En ella se cuestiona a la juezas de “incumplir un contrato”, de brindar “falso testimonio” y de “cometer un crimen grave”. Esas frases llevaron a que agentes encapuchados avasallaran sus derechos individuales y les secuestraran sus celulares.

Norman Giuria, abogado defensor de los integrantes del Grupo Albor, realizó declaraciones a Montevideo Portal donde manifestó que no corresponde tildar de amenaza el mensaje que enviaron a las ministras. “Uno se puede sentir amenazado en su fuero íntimo, pero no es explícito porque en ningún momento se faltó el respeto”.

Agregó que luego de los allanamientos, las 14 personas fueron trasladadas con pasamontañas “como si fueran unos terroristas”.

En este contexto en la jornada de hoy, jueves 11 de agosto, se desarrolló por primera vez una Cadena Nacional de Prensa Independiente en Defensa de la Democracia.

Diferentes comunicadores y abogados que discrepan con las medidas tomadas por el gobierno y principalmente por el MSP resolvieron llevar adelante un acontecimiento que marca la magnitud de las asimetrías en el acceso a la información y en la igualdad de derechos.

En esta «cadena nacional» los protagonistas denunciaron la persecución a Recarey, el atropello a los derechos individuales de los indagados en Paysandú y marcaron su posicionamiento respecto a jerarquizar los valores democráticos en la sociedad uruguaya, recordando que la verdadera soberanía radica en los individuos y no en los intereses políticos ni corporativos ni mucho menos de organismos internacionales.

Profesor Rafael Suárez

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2 Respuestas

  1. Estela Flores dice:

    Excelente nota, sigan así. No tenemos prensa escrita fuera de la del discurso único, sólo ustedes, Extramuros y algún editorial en Voces. Gracias

  2. Jorge dice:

    que alegría cuando los encontré …uno de los pocos medios montevideanos valiente e independiente, que no repite como loro la mentira de la plandemia..En nombre de los orietales despiertos y bien nacidos, gracias por defender al juez Recarey.

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