El juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre vacunas destinadas a menores
En un verdadero acto de separación de poderes en nuestro país, el juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre vacunas destinadas a menores de edad a partir de una solicitud de amparo del abogado Dentone
Sin dudas estamos en presencia de una noticia que no debería pasar desapercibida en los grandes medios de comunicación. El hecho de que el juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre vacunas destinadas a menores de edad a partir de una solicitud de amparo del abogado Dentone constituye un momento de gracia democrática totalmente indispensable.
Existen diversas aristas para abordar esta noticia y por supuesto que resulta imposible abarcarlas todas, así que haremos referencia a aquellas que nos parecen más trascendentes en estos momentos de desigualdad informativa.
Ya haremos referencia más abajo al contenido propio de la intimación que realizó el juez Recarey, pero antes es imprescindible realizar algunas consideraciones.
Cuando uno realiza cualquier cursillo de Marketing siempre se sostiene que es fundamental resaltar las ventajas del producto. Y eso es lo que se ha venido realizando con la vacunación. Solamente han tenido voz quienes hablan maravillas de ella. Como profesor de Historia recuerdo (seguramente muchos lectores lo harán también) que en la década del 60 en Estados Unidos quienes efectuaban publicidad a favor del cigarrillo eran los propios médicos, destacando sus ventajas para la salud. Ya sabemos que esa historia se ha ido corrigiendo.
Al igual que con el ejemplo de los cigarrillos en la década del 60, uno podrá estar de acuerdo o no con la vacunación. Es una decisión estrictamente personal y el camino que uno decida recorrer es el correcto (en el sentido de que uno se hace responsable de lo que hace). Pero es el correcto cuando la decisión se toma en base a toda la información necesaria para tomarla. Al igual que en la década del 60 en Estados Unidos, hoy los uruguayos no contamos con toda la información sobre los contenidos y efectos de las vacunas. El accionar del juez Recarey quita un velo de hierro o al menos podría ayudar a quitarlo. Cientos de miles de uruguayos han tomado decisiones sobre su salud y su cuerpo a partir de información parcializada. Para muestra alcanza con un par de botones.
- En febrero del 2021 el MSP, la UDELAR y el GACH redactaron un documento público donde se aclara que desconocían los efectos de mediano y largo plazo de las vacunas. ¿Por qué esa información no se divulgó en los grandes medios de comunicación y no fue especificada por los médicos previo a la vacunación? Y más particularmente al hablar de menores de edad cuando la tasa de letalidad es menor al 0.1 % y los efectos adversos posibles según el mismo laboratorio de Pfizer son de hasta un 4.5 %.
- El 28 de abril del 2021 el ministro Salinas sostuvo en conferencia de prensa que las personas con test PCR positivo no pueden vacunarse hasta los 3 meses posteriores a la infección para evitar reacciones hiperinmunes que podrían derivar en la muerte del paciente. En ese entonces nos preguntábamos, y ahora más que nunca también, ¿qué garantías nos ofreció el MSP para no desarrollar una reacción hiperinmune en caso de padecer una infección por covid y no saberlo y tener agendada la inoculación en un plazo inferior a los 3 meses? El MSP no ofreció ni ofrece ninguna garantía. ¿Por qué eso no se divulgó ni se especificó previo a vacunarse?
Desde el punto de vista democrático eso nos provoca mucho daño. La información formó una corriente de opinión unidireccional. Es cierto que infinidad de expertos y académicos consideran que la vacunación masiva fue y es necesaria para frenar al covid 19 (decenas de expertos hablaban maravillas de los cigarrillos en la década del 60). Pero también es cierto que decenas de científicos y médicos consideran que es un gran error transitar por ese camino, y dentro de ellos encontramos nada menos que a premios Nobel. ¿Por qué los uruguayos no tuvimos acceso a sus opiniones para tomar la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra salud contando con toda la información?
De hecho los uruguayos que se han manifestado en contra de las medidas sanitarias han sufrido sanciones sociales y morales como si fueran enemigos públicos. A Salle se lo ha calificado de loco por solicitar que se investigue, al diputado Vega lo han llamado payaso por hablar del óxido de grafeno tomando en cuenta las investigaciones de Campra en España, al académico Fernando Andacht, que visitaba con cierta frecuencia programas televisivos, lo borraron de la agenda mediática, y algunos pretendieron quitarle el título de doctor al bioestadista Javier Sciuto.
Cuando el juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre las vacunas está permitiendo que la voz censurada (como reconoció el periodista Gabriel Pereyra), al menos desde lo jurídico, encuentre un vehículo para manifestarse. La balanza de la Justicia da un paso al equilibrio. De alguna forma permite sanar una profunda herida en la convivencia democrática, más allá de la sentencia que disponga. Tanto el gobierno como Pfizer deberán entregar información vinculada a las objeciones que realizan aquellos uruguayos que se oponen a las medidas sanitarias tomadas por el MSP y eso de por sí es sano. El MSP debe brindar la información a los uruguayos, eso no puede estar en discusión.
Pero no es solamente sano para quienes no han tenido posibilidad de expresar sus diferencias, también es sano para el propio sistema judicial uruguayo. Recarey se planta firme en la separación de poderes y ese hecho simplemente es para aplaudir y felicitar. Exige información que el gobierno debería haber brindado hace dos años y en caso de entender que posee argumentos suficientes podría llegar a suspender la vacunación a menores de edad, la cual realmente es casi inexplicable como medida sanitaria, tal cual lo afirmó la propia OMS.
Juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre vacunas: ¿qué información solicita?
El Ministerio de Salud Pública, Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Presidencia deberán presentar todos los documentos que contengan información sobre las vacunas anti covid-19 en un plazo de 48 horas, es decir el próximo miércoles 6 de julio. También se intima a Pfizer a brindar información, lo que constituye un hecho inédito a nivel mundial.
Vamos a compartir con nuestros lectores los diferentes pedidos de información y en algunos haremos comentarios pertinentes.
SE RESUELVE:
1) Presente copia certificada de todos y cada uno de los contratos de compra (así como de cualquier otra negociación o acuerdo conexo), de las llamadas vacunas anti-Covid que haya suscrito, posea o simplemente estén a su alcance. En versiones completas y no testadas.
Es importante recordar que los contratos no están disponibles para quienes se vacunaron o piensan hacerlo. Desde el punto de vista democrático es increíble que eso suceda.
2) Sin perjuicio de lo anterior, manifieste si dichos instrumentos han contenido cláusulas de indemnidad civil y/o impunidad penal de los proveedores; respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos de los fármacos adquiridos (todo aquel destinado al combate del SarsCov-2, Covid 19 y variantes, ya sea que se lo defina técnicamente como vacuna o no). Transcribiendo textualmente, en caso positivo, las cláusulas en cuestión.
Es público que una persona que sufra un efecto adverso por la vacunación no puede demandar al laboratorio. Eso firmó el gobierno uruguayo.
3) Brinde amplio detalle acerca de la composición bioquímica de las denominadas vacunas contra el SarsCov-2 (Covid 19); en suministro a la población nacional. En cuanto a cada una de ellas (tipos y marcas). En especial la destinada a la población de menores de edad.
Esta información es vital, sustancial. Cuando uno consume cualquier medicamento cuenta con un prospecto que indica los componentes. ¿Por qué no sabemos los uruguayos cuáles son los componentes de las vacunas? Y más pensando cuando se decide vacunar a menores de edad.
4) Explique si las dosis se distribuyen por lotes o partidas diferenciales (distintos). Y en su caso aclare: por qué razón, y en base a qué criterios, se proveerían cada uno a diferentes estamentos poblacionales; si los fármacos de cada lote son diversos por su contenido (o por la razón que fuere); y cómo y para quienes resultarían distinguibles. De resultar la existencia real de distintos lotes, se deja establecido que se piden -para su examen pericial judicial- dosis bastantes de cada uno de ellos. Debidamente separadas.
5) Especifique si las denominadas vacunas (o cuales de ellas), contienen la sustancia llamada “ARN mensajero”. Sirviéndose explicar, en su caso, qué significa ello. Y, más que nada, qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas -adversas o no- pueden comportar para la persona con ella inoculada. Debiendo precisarse en lo que hace a esto último, y en una hipótesis negativa en cuanto a supuestos perjuicios, si efectivamente consta -con rigor científico- la posible inocuidad del ARN “mensajero”; o si simplemente se carece de información en el punto.
Es curioso que el científico que diseñó el ARN mensajero, Robert Malone, no esté de acuerdo con la vacunación masiva contra el covid 19. Es necesario que se explique cuáles son sus ventajas respecto al sistema de vacunación tradicional.
6) Del mismo modo que lo inmediatamente anterior, y con idéntico detalle de implicancias biológicas individuales o colectivas, se informe sobre la posible presencia de óxido de grafeno en las llamadas vacunas a disposición de la población. Destacando si en verdad se dispone de datos al respecto o no. Exactamente de la misma manera que lo cuestionado en relación al ARN “mensajero”.
El informe Campra en España dejó en evidencia la presencia de óxido de grafeno en las vacunas. El diputado César Vega ha insistido mucho en este aspecto y sería imprescindible conocer la opinión y base científica de nuestras autoridades sanitarias.
7) Además, muy específicamente y más allá de lo que viene inquiriéndose, se pide que se diga si obra en su conocimiento que las rotuladas como vacunas contengan o puedan contener elementos nanotecnológicos. Aclarando, en caso negativo, si tal temperamento nacería de una constatación efectiva de su ausencia, o de la mera ignorancia de los componentes de las sustancias “vacunales” de referencia.
8) Certifique si las sustancias contenidas en las llamadas vacunas suministradas en Uruguay, son experimentales o no. Vale decir, que exponga con fundamento y detalle si están aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los EEUU (FDA), u organismo equivalente, según los protocolos usuales. O si cuentan con algún otro tipo de permisión de emergencia. Y en este caso, otorgada por quién y con qué garantías. Y en base a qué normativa. En suma, deberá responder también si le consta que ya sea el fabricante y/o proveedor, o bien alguna instancia académica o gubernamental (nacional o extranjera), hayan admitido -de la forma acreditable que fuere- el carácter experimental de las mencionadas “vacunas”.
Recordemos que las vacunas no han sido aprobadas por la FDA, sino que tienen una autorización de emergencia para ser aplicadas ya que están en fase de experimentación.
9) Presente la información que obre en su poder, completa y actualizada, acerca de lo que científicamente se sabe -y no se sabe- sobre la efectividad de las rotuladas como vacunas; y sus posibles efectos posteriores a corto, mediano y largo plazo (incluyendo eventuales efectos adversos).
Este pedido de informes está vinculado al documento que indicábamos de febrero del 2021 donde se confirmaba que se desconocen los efectos adversos de mediano y largo plazo. ¿Por qué vacunar a menores de edad cuando no se sabe qué puede sucederles en un futuro?
10) Suministre las cifras oficiales que demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y de muertes con diagnóstico Covid. Desde el inicio de la campaña hasta la fecha.
Ya sabemos a partir de un artículo científico publicado en The Lancet que las vacunas no previenen los contagios y que la inmunidad natural es superior. Tampoco es clara la la información sobre los fallecidos por covid. En Uruguay hubo un caso, por ejemplo, de un herido de arma blanca que ingresó al hospital y cuyo certificado dice muerte por covid. Veremos qué bases científicas aporta el gobierno al respecto.
11) Manifieste si se han hecho estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por Covid 19 a partir de marzo de 2021 (en relación al año anterior). O si obra en su poder información -con respaldo científico y probatorio suficiente- al respecto.
Recordemos que más de 2000 uruguayos murieron el año pasado por encima de la media histórica y sin contar el covid.
12) Detalle, en relación a la totalidad de fallecidos en Uruguay con diagnóstico de Covid 19 desde la pendencia de la denominada pandemia, el promedio de edad global; y, además, cuántos lo fueron “por” el Covid 19 (en relación de causalidad exclusiva), y cuántos “con” Covid 19 (esto es, con la presencia del virus, pero no determinante absoluta o central, principal, del deceso).
Hasta el propio Manini Ríos hizo referencia a esta situación al declarar que había que investigar si todas las muertes catalogadas por covid lo fueron realmente.
13) Demuestre científicamente (evidenciando los estudios nacionales o internacionales que se hayan hecho), si la condición de no-vacunado entraña peligro sanitario para el conjunto de la población (para terceros, entiéndase bien, no para ellos mismos). O si ello no es así. En caso positivo, se requerirán otras dos cosas: la determinación y demostración del grado de peligrosidad,y la razón que explique por qué, de ser eventualmente esto así, la vacunación no habría sido ordenada con obligatoriedad. Agregando si tanto el vacunado como el no inoculado contagian por igual, o no. Y si se considera que lo hacen en magnitudes diferentes, que se explique cómo sería esto y en qué proporciones. Todo debidamente acompañado de elementos que permitan probar lo que se afirme.
Se ha hecho mucho hincapié en el peligro que entrañan los no vacunados. De hecho algunos periodistas como Sergio Puglia y Patricia Madrid justificaron la discriminación hacia ellos y manifestaron su opinión sobre «encerrarlos en camaritas». Pero en ningún momento se mostró evidencia clara y precisa sobre ese riesgo. Además recordemos que los vacunados también contagian, van al CTI y mueren.
14) Aclare fundadamente las razones de la imprevisión de consentimiento informado, en relación a los actos componentes de lo que desde el gobierno se presenta como “campaña de vacunación”.
15) Detalle, con nombres y apellidos, la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen la referida campaña. O bien han brindado asesoría a cualquier nivel. Aportando asimismo los datos pertinentes para su ubicación en orden a su interrogatorio judicial (citación). Agregando a la información requerida, datos acerca de si alguno de ellos integra alguna organización gubernamental o paragubernamental extranjera. O ha trabajado para alguna de ellas en la forma que fuere. O, en su caso, revista en alguna empresa multinacional con giro de atención a la salud (o trabaja en su beneficio en cualquier modo). Detallando en caso positivo los nombres personales y organismos o empresas involucrados.
Este punto es extremadamente interesante. Recordemos por ejemplo que el infectólogo Julio Medina, uno de los principales asesores del gobierno en cuanto la vacunación a menores de edad, recibe financiamiento de la propia Pfizer, como bien fue denunciado en el programa No Toquen Nada.
16) Exponga si se han estudiado terapias anti-Covid 19 alternativas (para cualquiera de sus variantes). En caso negativo, aclare por qué no se exploraron esas salidas. En caso positivo, dé los resultados investigativos; dando cuenta de si se usaron aquellas en Uruguay o no. Y para esta última opción, aporte las razones que se habrían tenido para descartarlas. Agregando si le consta o no que se hayan utilizado en otros países con éxito, aún relativo, o no.
Este punto es más que importante. El premio Nobel de medicina Tasuku Honjo enfatizó que en lugar de las vacunas «me concentraría más en el tratamiento, en la fase inicial, con el uso de los medicamentos utilizados para otros virus y, en la etapa posterior, para evitar la tormenta de citoquinas, recomendaría el tratamiento con un anticuerpo que ya se conoce y que actúa frente al receptor de la interleucina-6 (IL-6R) para detener la tormenta de citoquinas inducida por el covid-19». La pregunta es, ¿el MSP analizó terapias tempranas y preventivas o solamente se enfocó en la vacuna como medida terapéutica? ¿Acaso de investigó sobre el efecto de la Ivermectina? ¿O se recogieron los estudios que avalan el uso de la melatonina en la reducción del impacto del covid 19, incluso a nivel pediátrico?
Estas informaciones se requerirán, todas conjuntamente, y por idéntica intimación a PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y LABORATORIO PFIZER.
En lo demás, intímese como se solicita en la demanda.
Todas las intimaciones deberán ser contestadas en 48 horas o, en su caso, antes de la audiencia que se fija. La cual queda señalada para el miércoles 6 de julio a las 9 horas.
Como dijimos estamos ante un verdadero acto de separación de poderes en nuestro país al momento que el juez Alejandro Recarey intimó al gobierno uruguayo y a Pfizer a brindar toda información sobre vacunas a partir de una solicitud de amparo del abogado Dentone.
No sabemos mucho del abogado Dentone, a quien felicitamos por esta iniciativa y este posible logro en cuanto a la transparencia informativa. Sí realizamos algunas averiguaciones sobre el juez Recarey, quien hace varios años fue magistrado en el departamento de Lavalleja. Las personas que fueron parte de sus audiencias han señalado la «frontalidad, el rigor y la calidad humana» del juez, juez que ya ha comenzado a recibir agresiones gratuitas en redes sociales sobre las acciones democráticas y republicanas que está ejerciendo, las cuales repudiamos totalmente. Por ese motivo algunas organizaciones «antivacunas covid» convocan a presentarse este miércoles para brindar su apoyo a ambos.
Este accionar brinda una luz de esperanza en la convivencia democrática. Gracias al abogado Dentone y al juez Recarey los uruguayos podemos dar un paso gigante hacia el equilibrio judicial e informativo. Este es el camino en un sistema republicano. Todos debemos entenderlo. La balanza debe equilibrarse.
