Proceso de desalojo en Uruguay: un punto gris

Proceso de desalojo en Uruguay: un punto gris
Proceso de desalojo en Uruguay: un punto gris

El proceso de desalojo en Uruguay presenta diversas aristas. Por falta de experticia en el tema no las vamos a abordar en esta nota. Pero sí queremos contarles acerca de un desalojo en nuestro barrio y lo difícil que es posicionarse al respecto

Lo primero que tenemos que decir es que no somos expertos en el tema. Pero sí nos gustaría compartir una situación vivida por una vecina de Malvín. El proceso de desalojo en Uruguay presenta muchos puntos grises. Hoy te vamos a hablar sobre uno.

A nivel general la ley establece que el plazo de duración de los contratos de alquiler tiene un mínimo legal de dos años, pero si se acuerda un plazo menor, lo que resta para cumplir los dos años beneficia totalmente al inquilino.

Es decir, de acuerdo a la ley se podría permanecer hasta la finalización de esos dos años. Otro aspecto importante, es que si no se celebra un nuevo contrato, igualmente el inquilino tiene derecho a un año de prórroga. Basta con no hacer entrega de la casa en la fecha convenida para que se extienda. Una vez vencido el plazo legal de prórroga, el propietario en cualquier momento puede pedir el desalojo, el que será otorgado por el Juez con un plazo de un año siempre que se trate de un inquilino buen pagador. En caso que el inquilino no sea buen pagador el trámite de desalojo podría comenzar en menos de un mes transcurrido el año legal.

Aquí entramos en la discusión sobre cómo armonizamos el derecho del propietario de contar con su casa o apartamento e ingresos y el derecho del inquilino a tener una vivienda.

De acuerdo a la abogada Valeria España, «los desalojos son heridas que se inscriben en la memoria de esta ciudad. Deben doler e interpelar, coronan nuestros fracasos frente a una demanda colectiva y difusa de justicia social, visibilizan las formas diversas de negación de ciudad, de construcción de categorías de ciudadanía».

Es evidente que cualquier proceso de desalojo en Uruguay provoca malestar y dolor, tanto para el propietario como para el inquilino. Más aún cuando el inquilino está con problemas de empleo, tiene menores a su cargo y dificultades para hallar un lugar donde morar. Es penoso cuando compatriotas y también inmigrantes son desalojados de viviendas y pensiones en medio del frío del invierno quedando vulnerables y en plena situación de calle.

Allí el Estado debería considerar varios aspectos y buscar alternativas a los dos derechos: el del propietario a recuperar su vivienda y el del inquilino a tener un lugar donde permanecer.

Pero el caso que queremos compartir hoy es totalmente diferente.

Un proceso de desalojo en Uruguay realizado en el barrio Malvín

Qué pasa cuando la persona que ocupa la vivienda tiene buenos ingresos, no tiene hijos, tiene incluso propiedades arrendadas y además una familia que la puede cobijar por períodos prolongados? Es justo para el propietario esperar un año para que se haga efectivo el desalojo? Y además sin contrato firmado!

Una vecina del barrio Malvín tiene un apartamento en la rambla. Lo tenía alquilado hasta hace cuatro meses. En ese ínterin una «amiga», abogada de profesión, es decir, conocedora de la ley, le cuenta que se divorció y le pide si le puede prestar el apartamento por un par de semanas mientras se reorganiza. La vecina del barrio le dice que sí pero le aclara que necesita alquilar el apartamento en pocos días ya que depende mucho de esos ingresos. La «amiga» le dice que no hay problema, que con un par de semanas le alcanza.

Transcurridas las dos semanas la «amiga» le pide algunos días más para quedarse. La vecina del barrio le dice que tiene que entregar el apartamento el 1 de junio. La «amiga» le dice que le viene bien, le agradece y le asegura que antes de esa fecha se va del apto.

La fecha de entrega se aproximaba y la «amiga» no daba señales de irse. Para colmo no pagó la luz ni los gastos comunes generados en el tiempo que estuvo. Y por las dudas, tampoco pagó alquiler ya que era un préstamo.

Cuando llegó la fecha la vecina del barrio le vuelve a pedir a la «amiga» que le entregue su apartamento. En ese instante la respuesta la sorprendió totalmente. «No me voy nada», le dijo. Y no solo eso, también solicitó que le instalaran un teléfono y cambió la cerradura.

La vecina del barrio no lo podía creer. No esperaba esa conducta y mucho menos de una amiga. Le vuelve a pedir que le entregue el apartamento. La «amiga» le dice que no y además le reprocha diciéndole «mala persona» y «mala amiga» por pedirle el apartamento.

La vecina del barrio consulta con su abogada. La profesional le dice que aunque no haya contrato no la puede echar y que el proceso de desalojo en Uruguay podría demorar un año o más. Además le señaló que como la «amiga» era abogada tenía conocimiento de la ley y seguramente pudiera estirar el desalojo el mayor tiempo posible.

La vecina del barrio quedó impactada. Quién no? Fue a la Seccional 11 a presentar la denuncia y a pedir la colaboración de la policía. En la Seccional le dijeron que ningún policía podía ir al apartamento y desalojarla y que eran conscientes que el proceso de desalojo en Uruguay es largo.

Las personas que iban a alquilar la vivienda por supuesto no lo hicieron. Seguían pasando los días y buscaba por todos los medios que la «amiga» entrara en razón. Habló con familiares de ella pero no logró nada. La «amiga» le seguía reprochando su actitud de «sacarla» del apartamento en este momento de su vida tras vivir un divorcio. La vecina del barrio le decía que podía irse a lo de su madre o hermana o a una de las propiedades que la «amiga» posee (ella alquila estudios para abogados y escribanos) o que buscara algún alquiler temporal, ya que tiene buenos ingresos por su trabajo.

La «amiga» se negó a irse.

En la desesperación, y tras agotar todas las vías de diálogo, la vecina del barrio tomó una determinación drástica. Le pidió ayuda a una amiga y fueron con un cerrajero hasta el apartamento. Ingresaron al mismo y le pidieron a la «amiga» que se retirara ya mismo. La «amiga» no había contado con esta reacción, se encerró en un cuarto, y llamó a su abogado. Al rato llegó el abogado y le recomendó a la ocupante que tomara lo más importante y se retirara del apartamento. Quedaron en pasar al otro día a retirar el resto de las pertenencias.

Como en el apartamento había pertenencias de ambas, es decir, de la vecina del barrio y de la amiga, la situación era compleja. Bastaba con que una de las dos reclamara algo que no era suyo para que estallara otro problema.

Mientras la vecina del barrio intentaba resolver ese problema, la «amiga» y el abogado retrucaron con otra medida drástica. Llamaron a la policía. Las fuerzas del orden le dijeron que en estos casos no acudían salvo que exista el pedido de un Juez.

Ante esta situación la «amiga» y el abogado dieron un paso más drástico aún. Presentaron una denuncia penal por violentar los derechos civiles de la ocupante.

Al otro día la vecina del barrio debió presentarse en el juzgado de Misiones y Cerrito con un abogado penal que la asesorara. El fiscal la amenazó con encerrarla por 24 horas y aplicarle un castigo de 6 meses de prisión domiciliaria. Sí, a la dueña del apartamento. Esa misma dueña del apartamento que demostró que no había contrato de alquiler, que demostró ser la propietaria del inmueble y que demostró que la ocupante se negaba a irse a pesar de haber acordado en lo previo que le iba a entregar la propiedad a tiempo. Pero la que podía quedar procesada era la dueña, la vecina del barrio.

Reiteramos lo dicho anteriormente, no somos expertos en el tema, pero esta situación vivida nos parece demasiado. Es un abuso al sentido común, una amplitud de los artilugios legales y un sinsentido innecesario. Hace falta vivir algo así?

No.

Quizá podríamos entender que una persona sin empleo, sin un lugar a dónde ir y con hijos chicos sea contemplada de otra forma. Al menos que no sea desalojada en invierno. Pero esto que contamos no tiene ningún sentido común. Nos aleja totalmente de una sana convivencia.

Esos huecos legales no deberían existir a la hora de abordar el proceso de desalojo en Uruguay. La Justicia y la Policía quedan al borde de proteger al delincuente o al usurpador, en lugar de proteger los derechos de quien actúa en buena fe.

Es casi una demencia.

Esperemos que pronto se revea la forma de proceder. El proceso de desalojo en Uruguay tiene que ofrecer garantías para todos y no debe dejar a la deriva en el tiempo una resolución al conflicto. No debe permitir abusos ni del propietario ni del inquilino u ocupante. Demorar un año en resolver estos temas solamente provoca una espiral de malestar que no sabe qué límites cruzará.

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